Cada que concluimos una etapa y estamos de pie, viendo el horizonte, tenemos que hacerlo con optimismo.
Las pruebas que pasamos, los obstáculos que salvamos, los logramos con fortalezas y bendiciones; la mejor muestra del éxito alcanzado es que aquí seguimos y desde este punto, vamos a la conquista de renovados horizontes.
No ha sido fácil, ni sencillo lo será, pero bien vale la pena seguir esforzándonos para disfrutar igual en delante, de lo que conquistemos con nuestro esfuerzo, por sobre las adversidades fortuitas, o inducidas.
En el Gobierno estatal, todavía algunos funcionarios, principalmente de las áreas administrativas, regresaron en la última semana del año, para realizar actividades ingratas.
Durante ejercicios pasados, igual se les llamaba romper el asueto decembrino, entre la navidad y el año nuevo, para realizar el trámite del pago de los últimos pasivos pendientes con proveedores, con la respectiva asignación presupuestal.
Ahora el llamado fue el mismo, pero la asignatura distinta: la indicación fue hacer la cancelación definitiva de pagos pendientes y avisar a los acreedores que ya no se les pagará, para que cancelaran sus facturas, pues aparte se les venían encima acosos fiscales.
Proveedores y prestadores de servicios al Estado no solo se quedaron esperando el pago de las facturas que ya habían metido a trámite; igual se quedaron con otros documentos cobrables que no les fueron recibidos en tiempo y forma.
En pleno cierre de ejercicio, a riesgo de las mayores pérdidas por inejercicios, según los trascendidos, solo se asignaron algo así como 250 millones de pesos, para el cumplimiento de todos los compromisos acumulados y rezagados del año, lo cual, en el universo de las dependencias gubernamentales, se diluyó en punto menos que nada.
Pero eso es solo un botón de muestra de lo que ya le pasó a un apartado de la sociedad relacionado con el sector público; en el aquí y ahora, lo que cuenta es el porvenir.
Hay quienes afirman que el 2 mil 20 (el 20-20 dicen los hacedores de clichés), será un año sereno, sin contratiempos ni sinsabores, especialmente en la cosa pública, “porque no es un año electoral”.
Literalmente, en este nuevo año no hay elecciones constitucionales, aunque el inicio del proceso electoral se marca precisamente en el mes de septiembre y aunque la selección de candidatos inicia con el 2 mil 21, desde las vísperas, se definen métodos, lanzan convocatorias y conforman las estructuras electorales.
Hay incluso, quienes ya empezaron a ver, desde las postrimerías del 2 mil 19, visos de movimientos con la cista puesta en las elecciones del 21.
La semana pasada, nada menos, al tenor de la última sesión del año, de la diputación permanente, en el Congreso Local, se aprobó por la vía “fast track”, la recomposición de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Aludiendo principios de equidad y pluralidad, se retiró a la Presidenta de la Comisión, NOHEMÍ ESTRELLA y se incorporó al Presidente de todo el Congreso, GERARDO PEÑA FLORES, concediendo la ascensión del Secretario, FRANCISCO GARZA DE COSS, a la Presidencia de la Comisión.
Todos los inmiscuidos en el movimiento de la misma bancada, panista, eliminaba el concepto de pluralidad y aunque en efecto, había más mujeres que hombres en la comisión, las preeminencias de la paridad, de ley, solo favorecen a las féminas.
Por eso no faltó quien quiso buscarle motivos político-electorales de futuro al movimiento.
Que si doña NOHEMÍ anda enamorada del pejismo-morenismo, al que con regularidad le “lanza flores”; que si por ahí van las tendencias de la Columna Pedro J. Méndez y sus municipios de influencia para el 2 mil 21; que si no tarda den declararse independiente; que si hay algún juicio en ciernes.
Cualquiera cantidad de posibilidades con un común denominador: las elecciones que vienen.
Y ese sería otro botón de muestra de que no está tan lejos el 21, ni el 20-20 será un año huérfano de las pasiones electorales, con toda la parafernalia común, magnificada, a la luz de que tal elección, será la antesala a la madre de todas las elecciones: la estatal del 22.
Todo ello no tiene nada que ver con el hecho de que en el Congreso Local siguen cometiéndose pifias, que no solo exhiben las limitaciones de quienes llevan la operatividad jurídica de la representación popular, sino que le exponen a la anulación de sus pretendidos actos jurisdiccionales.
La propia modificación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue un acto a todas luces ilegal.
En principio, las Comisiones Legislativas se conforman a propuesta de la Junta de Coordinación Política que legalmente no opera durante el periodo de receso, en el que se encuentra el Congreso, cuando, obvio, tampoco ejerce el pleno, a quien toca votarlas.
Enseguida, la diputación permanente solo tiene facultades para conocer de iniciativas y emitir dictámenes, pero estos no son acción legislativa consumada, sino hasta que son sometidos a la consideración del pleno en periodo ordinario o sesión extraordinaria, lo cual no ha sucedido.
Luego entonces, con todo y su dispensa de trámite, la modificación a la Comisión de referencia solo quedó como dictamen, y no como acto consumado, como pretendió presentarse en la reunión aquella.
Otra primicia de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, es que tanto el pleno, como la permanente, deben sesionar por lo menos una vez por semana.
En el primero periodo ordinario de sesiones hubo dos semanas en las que no sesionó el pleno y en esta semana que corre, la permanente no tiene reunión de trabajo agendada; desde el 26 de diciembre -la semana pasada-, corre su siguiente encuentro al 6 de enero, lunes de la semana próxima.
Sí, hay una previsión que alude a los periodos vacacionales de los trabajadores del Congreso, concediendo: podrá acordar la celebración de sus sesiones conforme a la disposición de los servicios técnicos y administrativos necesarios.
Eso pude leerse en variados sentidos y no precisamente en la cancelación.
En medios nacionales se publicó una lista, presuntamente surgida del Congreso Norteamericano, relacionando a gobernadores y exgobernadores mexicanos, que se habrían involucrado con el crimen organizado.
Trae desde MANLIO FABIO BELTRONES, quien fue gobernador de Sonora hace más de tres décadas, hasta los DUARTE de Veracruz y Chihuahua, así como el quintanarroense BORGE, tan de moda en la media reciente.
De Tamaulipas, no incluye al actual, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA -por aquellos que de cuando en cuando vuelven a sacar las supuestas infidencias de “Pitufo”-, ni al antecesor EGIDIO TORRE y tampoco a EUGENIO HERNÁNDEZ, quien sigue preso, litigando un juicio de extradición.
En cambio, si trae a TOMÁS YÁRRINGTON RUVALCABA, quien tiene ya más de un año de haber sido extraditado de Italia a tierras “gringas”, donde no se le ha podido iniciar el juicio, dicen sus cercanos, porque no han encontrado pruebas contundentes de los delitos que le endilgan.
Y suma a MANUEL CAVAZOS LERMA -de más atrás-, de quien hasta ahora no se ha sabido de acusación formal en ese sentido, aquí, allá o acullá.
El Congressional Research Service de Estados Unidos, presunto autor de la lista, tampoco es el Libro Sagrado.