La aguerrida diputada priísta riobravense, COPTIZI YESENIA HERNÁNDEZ, ayer ocupó la tribuna, al cierre de la sesión plenaria semanal del Congreso Local, para reclamar al gobierno federal la cancelación del componente salud del Programa de Inclusión Social PROSPERA.
En el punto de Asuntos Generales, la legisladora local que llevaba media gestión reclamando al Estado la ampliación de los servicios, en cantidad y calidad, para las comunidades rurales, no se resigna a que ya “ni poquito” habrá con las disposiciones federales para el presente ejercicio.
No se pondrían de acuerdo, pero al tiempo, en lugar distante, otras funcionarias igual ponían el dedo en la yaga de otros programas de alto impacto social que se están quedando en el aire sin la subvención de la federación.
GLORIA GARZA, la Subsecretaria General de Gobierno, habló de la ausencia de apoyos fiscales federales para atender las crecientes necesidades para atender a los migrantes que en masa se están dejando venir, varados aquí, desbordando los albergues, donde al menos requieren de alimentos, medicinas y atención.
Y la Directora del Sistema DIF estatal, OMHEIRA LÓPEZ REYNA, de las Guarderías y hasta la prestigiada Escuela de Especialistas en Rehabilitación Física, el CREE, cuyos egresados ocupan la demanda de los principales centros del país, pero el Gobierno Federal ya les anunció que para el siguiente ciclo deberán cerrar, porque ya no se pagará a maestros y equipos de apoyo.
Esos son algunos ejemplos de los programas que el Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ha mandado cancelar, sin considerar las repercusiones y por los que el Gobierno estatal ha anunciado su decisión de intervenir, hasta donde le alcance, con los recursos propios, para paliar las afectaciones sociales.
Hay otras acciones de histórica injerencia federal cuya cancelación significa un alto impacto, especialmente en los sectores productivos y de manera marcada en el campo, para los que no hay recurso local que alcance.
Pero como la política del nuevo gobierno federal fue entregar cheques a diestra y siniestra, como eje de su operatividad, ese empecinado estilo consume punto menos que la totalidad de los recursos fiscales disponibles, debiendo cancelar el grueso de las demás acciones institucionales.
Los reclamos de los diputados y los lamentos de los funcionarios públicos serán nada, cuando levantadas las cosechas de este año, por ejemplo, los campesinos encuentren que les cuesta más trabajar las tierras, a lo que les darán por su producción.
Claro, la consecuencia natural sería la parálisis productiva nacional primaria, pero antes de llegar a ello, júrelo, los campesinos, ejidatarios y parvifundistas, reclamarán por las vías que sean necesarias, su derecho al trabajo honesto y a una vida digna.
Los cierres de carretera que hasta ahora hemos visto en San Fernando y las manifestaciones en torno de los cruces internacionales serán pecata minuta, júrelo.
Van a perder más de los hipotéticos votos con los que hacen cuentas de ninis, becarios y sujetos del cheque fácil.
Eso es una cosa, lo de las faltas en el manejo de los planes, programas y presupuestos, con los que han justificado algunas de aquellas acciones merecerán, eventualmente, algún castigo para los responsables, pero nunca su cancelación.
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 63 millones 853.8 miles de pesos, que representó el 70.5% de los 90 millones 556.8 miles, transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud en el 2mil 17.
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del estado de Tamaulipas no había ejercido el 53.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2018), aún no se ejercían 30,234.6 miles de pesos, que representaron el 33.4%, los cuales tampoco se encontraron vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago, ni se presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE, reza el informe público.
En el ejercicio de los recursos el Gobierno registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de registro contable presupuestal, servicios personales, adquisiciones, arrendamientos y servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 31 millones 802.8 miles de pesos, que representa el 49.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, ya que el Gobierno proporcionó a la SHCP el informe del cuarto trimestre de 2017, el cual no coincide con los montos reflejados en los registros contables y presupuestales de los Servicios de Salud de Tamaulipas.
En conclusión, el Gobierno no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió un oficio (…) -del que- se advierte que no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26 y 28 se consideran como no atendidos.
Pues si alguien no cumple con su deber, que se le sancione, pero los programas que apuntalan el bienestar y desarrollo del pueblo no se quiten.
Un muy apreciado galeno, fundador y director de un nosocomio por muchos años, en reciente plática lamentaba la insensibilidad que ha llevado al deterioro de infraestructura y atención en la mayoría de las instituciones públicas.
Repasando el Juramento Hipocrático, que los profesionales de la salud hacen al graduarse, concluimos ya pocos lo practican; obliga a la atención de los pacientes sin detrimento de su condición social y hasta a los colegas y sus familias, dice, no deben cobrarse los servicios.
¿Quién cumple esas sencillas premisas?... menos las mayores se atienden.
En el Senado de la República, el representante tamaulipeco ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, al rechazar la reiterada propuesta presidencial para integrar la Comisión Reguladora de Energía, denunció es parte de una estrategia para quitar al Senado la potestad de incidir en la designación y pretende una imposición de personas sin conocimientos, en detrimento de los intereses de México y los mexicanos.
“Con estas propuestas pierden los órganos reguladores en materia energética, que requieren para su adecuado funcionamiento un alto grado de especialización que no encontramos en los candidatos. Pero sobre todo pierde México. Tuvimos en nuestras manos la oportunidad de contar con los mejores y más capacitados perfiles y la desaprovechamos”, asentó.
Quien ayer ya andaba en sus labores legislativas, fue la diputada local panista victorense, ISSIS CANTÚ MANZANO, quien apenas el pasado fin de semana contrajo nupcias con ISMAEL ALANÍS ZAVALA.
Ella, hija del ex titular del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, PABLO CANTÚ, quien murió en el ejercicio del cargo a inicios del sexenio, y él, cercano colaborador del alcalde XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI.
En otra audiencia dentro del juicio por enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia ilícita que el Estado endereza contra el exgobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, el juez de la causa ayer concedió una prórroga de dos meses para ampliar las investigaciones sobre el caso.
La audiencia se hizo por teleconferencia desde el penal en el Estado de México donde se encuentra confinado el político y empresario victorense, hasta la Sala de Juicios Orales instalada en la Planta Baja del Palacio de Justicia del Estado.