Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal notificó ayer tarde, por oficio, la decisión de ministrar puntualmente los recursos presupuestales solicitados por el Instituto Electoral de Tamaulipas para el ejercicio de este año.

En el paquete fiscal para este año, el Congreso Local aprobó para el IETAM un presupuesto de 218 millones de pesos, mientras que el planteamiento hecho por la institución ascendía a los 537 millones de pesos.

La Presidenta interina del Instituto Electoral, Tania Gisela Contreras señaló que al margen de las gestiones que se hicieran, en principio la reducción presupuestal afectaba además de las actividades propias, las prerrogativas de ley para los partidos, declarándola canceladas.

Los diputados Carlos García González y Alejandro Etienne Llano, uno Presidente del Congreso Local y el otro coordinador de la segunda fracción, priísta, reconocieron que en su momento el tema fue tratado con la Secretaria de Finanzas, quien les aseguró que el complemento al presupuesto solicitado por el Órgano Electoral se manejaría por proyecto.

“Sabemos que así se han manejado antes fondos para gastos extraordinarios”, expresó Etienne, al justificar el voto a favor del paquete fiscal enviado por el Ejecutivo para el ejercicio de este año y avalar, con el líder camaral, el oficio, como garantía al cumplimiento.

DESACUERDO

En un manifiesto desacuerdo entre los representantes del PRI ante el Instituto Electoral y el Congreso del Estado, desde el partido se anunciaron acciones jurídicas, para atacar el manejo de los fondos destinados al rubro electoral.

Alejandro Torres, representante del PRI ante el IETAM, anunció que este viernes presentarán un recurso buscando el amparo de la justicia federal, contra el procedimiento que se ha seguido para restituirle el presupuesto al órgano electoral y las prerrogativas a los partidos.

Consideró que se debe reformar el presupuesto de egresos del estado o hacerle un adendum, donde se establezca las modificaciones y estas alcancen nivel de ley, para no estar remitidos al albedrío del Gobierno o sujetos a ellos.