México.-Ante el asesinato de Miroslava Breach Velducea, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la Red Nacional de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género emitieron un pronunciamiento para exigir a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) investigue el caso, tomando como línea principal la labor periodística de Breach Velducea y sancione a las personas involucradas; además de que se garantice seguridad en el ejercicio periodístico.

Las organizaciones también exigieron al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, haga efectiva la Alerta Temprana de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de acuerdo con las necesidades de cada caso, para así eliminar la violencia e impunidad del Estado.

El periódico El Norte de Ciudad Juárez, en donde laboraba la periodista, expresó mediante un comunicado que: “No cabe duda de que el asesinato de Miroslava Breach tiene que ver con su trabajo periodístico”, por lo que exigió al gobierno de Corral Jurado esclarecer el hecho.

A su exigencia, se suma la de Reporteros Sin Fronteras, PEN, Red Libre Periodismo de Chihuahua, y del Programa de las Américas del Comité de Protección a Periodistas, entre otras organizaciones nacionales e internacionales.

EJECUTOR PROFESIONAL

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se comprometió a esclarecer y castigar el asesinato, dijo que ya está en contacto con la familia de Miroslava y ofreció su solidaridad con el gremio periodístico. Informó que la línea principal de investigación tiene que ver con su labor profesional.

En conferencia de prensa, dijo que la Fiscalía estatal buscará a testigos y confirmó que la periodista le confío haber recibido amenazas hace dos años, más no recientemente. Sin embargo, dijo, no podemos afirmar que estrictamente se trata del crimen organizado o del móvil político, aunque no lo descartamos por el contexto en que vivimos y por el trabajo que ella realizaba sobre bandas delincuenciales y corrupción en la política.

Una de últimas investigaciones de la periodista Breach Velducea fue el conflicto armado entre dos líderes del grupo delictivo "La Línea", brazo armado del cártel de Sinaloa, quienes se enfrentaron en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.


Dijo también a medios que para cometer el crimen hubo una planeación “muy bien hecha”, por lo que presume que fue un “ejecutor profesional” y o un asesino solitario.
Y sobre las versiones de que existe un video de los hechos y una cartulina con un mensaje firmado por algún líder criminal, en donde también se le amenaza, Corral dijo que los materiales están en resguardo de la Fiscalía y no serán divulgados.

Portales digitales de noticias del estado de Chihuahua informaron que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz, dijo que la CEDH acompañará toda la investigación para que, de considerar que no se han agotado todas las líneas de investigación o de estanque, emitan una recomendación oficial al respecto.

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) condenó el asesinato en un comunicado y solicitó a la Fiscalía de Chihuahua adoptar de forma inmediata todas las medidas precautorias necesarias para salvaguardar la integridad de los familiares de la comunicadora como víctimas indirectas de este hecho delictivo.

INEFICIENCIA GUBERNAMENTAL

En la sesión del Congreso chihuahuense, el diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Pedro Torres Estrada, Partido Morena, reconoció la ineficacia del Estado para garantizar seguridad a las y los periodistas. "En Chihuahua no existen las consecuencias para que ejercen sin ningún peligro", dijo.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Isela Torres Hernández, describió el asesinato de Breach Velducea como “una señal inconfundible de la crisis de violencia que azota Chihuahua”, y añadió que la actuación del gobierno ha sido insuficiente “aun cuando se han empezado estrategias para hacer frente a la ola de violencia que hoy trastoca el gremio periodístico”.

En el Senado de la República y en la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio por la periodista asesinada.

VIOLENCIA PARA PERIODISTAS

De acuerdo a información de CIMAC, elaborada luego de documentar casos de agresiones a mujeres periodistas desde 2010, durante 2014 y 2015 cada 4 días una mujer periodista fue agredida debido a su labor.

Además, desde 2015 Chihuahua se sumó a la lista de entidades en donde se registraron casos de agresiones hacia mujeres periodistas.

Según el informe “El poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, realizado por CIMAC, en 2015 la violencia contra las periodistas se extendió en 10 entidades más respecto a las identificadas en 2014 (pasaron de 14 a 24) entre ellas el estado de Chihuahua.

En México, las y los periodistas ejercen sin garantías de seguridad, pues de acuerdo a datos de la organización Artículo 19, con la muerte de Miroslava Breach Velducea suman 30 las personas periodistas asesinadas durante sexenio de Enrique Peña Nieto.

17/RED/RED

DERECHOS HUMANOS

*Informe para AVG en Veracruz, ejemplo de no sumisión ante ola conservadora
--Jan Jarab, representante de ONU-DH

Por Anayeli García Martínez

Ciudad de México, 23 mar 17 (Cimacnoticias).- En México, como en el mundo, hay una tendencia a consolidar el conservadurismo en las normas legales y ante esto es importante que las instituciones y la sociedad den una clara señal de no sumisión frente a estas regresiones, afirma el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.

Un ejemplo de cómo no claudicar en la defensa de los derechos, dice el experto checo en entrevista exclusiva con Cimacnoticias, lo acaba de dar un grupo de expertas y expertos, académicos y funcionarios, en un informe publicado el 10 de marzo, donde determinan que en Veracruz, estado situado al sur de la República Mexicana, hay discriminación institucional contra las mujeres y un atentado a sus derechos sexuales y reproductivos.

Este informe proporciona argumentos sobre la pertinencia de decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” en la entidad, es decir porque hay leyes que obstaculizan el ejercicio de los derechos de las mujeres y recomienda al gobierno estatal despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres; y garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación sexual.

A propósito de este informe, Jan Jarab, quien fuera representante de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Europa (2010-2016), afirma que hay que apostar a que esta “ola conservadora en contra de los derechos de las mujeres sea, si no la última, sí la última grande”.

AVG CONTRA RETROCESOS

El 9 de septiembre de 2015 organizaciones sociales solicitaron una AVG por violencia feminicida pero el 5 de abril de 2016 por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, junto con otras seis organizaciones solicitaron otra AVG, esta vez por discriminación, criminalización y falta de acceso a los servicios de aborto.

En esta segunda petición, las agrupaciones determinan cuáles son los elementos que obstaculizan a las mujeres el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos: La inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 que permite el aborto en casos de violación sexual; la tipificación del aborto que castiga el delito con tratamiento educativo y de salud; y la reforma al Artículo 4 de la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, que entró en vigor el 23 de agosto de 2016.

Dicha reforma al Artículo 4 fue aprobada en segunda vuelta por el Congreso local en julio de 2016, para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, a propuesta del hoy prófugo ex gobernador, Javier Duarte, quien la promulgó en agosto de ese año acompañado por jerarcas de la Iglesia.

Ahora, el informe de expertas y expertos –el primero por “agravio comparado”– proporciona más elementos que demuestran cómo en la entidad se obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la interrupción legal del embarazo. Sobre este tema se le pregunta a Jan Jarab.

-Anayeli García Martínez (AGM): ¿Cómo se debe analizar este informe realizado por este grupo de expertas y expertos?

- Jan Jarab (JJ): Para nuestra Oficina este informe es muy importante por varias razones. Primero, se trata del estado de Veracruz donde el cambio constitucional (para proteger la vida desde el momento de la concepción) que ocurrió el año pasado fue identificado por nuestra Oficina y por otras organizaciones de Naciones Unidas, como ONU Mujeres y el Fondo de Población, como un retroceso alarmante y fue objeto de un comunicado de prensa colectivo de varias organizaciones de la familia de Naciones Unidas.

“El informe, como tal, confirma nuestras preocupaciones: Cuando se crean retrocesos constitucionales –y no es algo retórico, simbólico– esto puede tener efectos adversos al gozo de los derechos, en este caso de derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en el estado de Veracruz.

“En el informe se explica de manera didáctica que una política pública discriminatoria puede ser considerada como una forma de violencia institucional contra las mujeres. Esta es la segunda dimensión: Cómo entendemos en este país, y en otros, la violencia institucional que las instituciones del Estado causan a los titulares de derechos.

“Hay otra dimensión. Aunque sabemos que Veracruz es un estado muy problemático en muchas áreas de Derechos Humanos, el informe no sólo es sobre Veracruz, no lo interpretamos como algo relevante sólo para el estado, porque sabemos que las herramientas legales y, aun peor, las prácticas en muchos estados de la federación mexicana siguen siendo muy restrictivas en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

“Aquí se da también una primera señal a un público más grande y es importante desde el punto de vista político que la Segob y el propio Secretario de Gobernación aceptan la opinión de los expertos”.

POPULISMO CONSERVADOR

Adicional a la información sobre salud sexual y reproductiva, el informe consideró 13 normativas nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que enriquece los argumentos.

- AGM: ¿El contenido de informe podría tener repercusiones en el resto del país?

- JJ: Es un problema muy relevante para todo el Estado mexicano. Tenemos diferencias entre herramientas legales en varias entidades federativas, con una distinción bastante positiva de la Ciudad de México y la situación muy restrictiva, muy conservadora, en la mayoría de las demás entidades.

“Tenemos también un contexto preocupante que hemos visto no solo en derechos de la mujer. Por ejemplo, cómo se terminó el año pasado de manera muy nefasta con la intención de legislar el matrimonio igualitario y una contra reacción muy conservadora.

“Es importante que las instituciones que tienen este mandato den una clara señal que no podemos ser sumisos, no podemos capitular en esta coyuntura, en la ola conservadora, tanto en México como en el mundo. Soy optimista históricamente y pienso que es muy probable que la ola en contra que estamos mirando hoy será, sino la última, será la última grande.

“Me parece que se necesita utilizar este informe porque, como lo mencioné anteriormente, la situación en México en general necesita una modernización con un enfoque de Derechos Humanos que está muy presente en este informe, utilizando los altos estándares de Derechos Humanos como herramienta y no los prejuicios populares, el populismo conservador”.

EMPODERAMIENTO VS. “MORALIDAD”

- AGM: El informe recomienda implementar la NOM 046 que implica garantizar el aborto en casos de violación sexual pero, por otro lado, hay gobernantes y legisladores que no están de acuerdo con implementar esta norma, ¿esto sería parte de esta ola conservadora?

- JJ: La supuesta defensa de moralidad tradicional siempre ha sido en todos los países, para algunos más rápidos para otros más lento, pero siempre ha sido una lucha. No sólo es una lucha para ganar un voto en un Congreso nacional o estatal sino para convencer al gran público.

“Sabemos que aparentemente México tiene una de las más altas tasas de embarazo adolescente en la región, es preocupante pero la respuesta necesita ser un empoderamiento de las mujeres y de las niñas, acceso a todos los derechos sexuales y reproductivos y no intentar regresar al Siglo XIX.

“Tuve recientemente una plática interesante con una persona que insistió en que se necesita regresar al modelo tradicional, a un pasado supuestamente idílico. Primero, este pasado idílico nunca existió, es una fabricación; segundo, no se puede regresar al pasado, lo que necesitamos es un desarrollo de la legislación y de las políticas públicas basado en los estándares internacionales de Derechos Humanos.

“En un país como México, que afirma en la arena internacional su compromiso con estándares internacionales de Derechos Humanos, eso es algo que necesitamos exigir. Vamos a tener, quizás, un largo proceso, con las fuerzas más conservadoras políticamente, eso nos queda claro”.

INSUFICIENTE ATENCIÓN

“Otro factor importante en México es que la importancia de estos asuntos sigue siendo un poco eclipsada por otras violaciones muy importantes, dramáticas, graves violaciones como tortura o desaparición, que aunque también tienen una gran dimensión de género tampoco es tan visible como debería ser”, explica quien fuera funcionario de la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno checo.

“El problema en México quizás no es que existan fuerzas conservadoras. Hemos visto que existen en Francia, de manera hasta sorprendente cuando se dio el movimiento en contra del matrimonio igualitario. No es esto, es el carácter de la discusión pública. Hay muchos otros temas que atormentan a la sociedad y la atención a los derechos de las mujeres y principalmente al tema de derechos sexuales y reproductivos no es suficiente.

“Puedo decirlo desde el punto de vista de nuestra Oficina: La Oficina del Alto Comisionado está tan metida hoy en los dramas de desaparición, de tortura, que es difícil priorizar otros temas híper importantes, como este del que hablamos, como los derechos de las personas con discapacidad, de los migrantes, porque los otros temas nos imponen por su urgencia”.

- AGM: ¿Sería relevante recalcar que los derechos de las mujeres también son Derechos Humanos?

- JJ: Desde mi perspectiva, de hombre, recién llegado de Europa, hay algunas tendencias fuertemente paternalistas aquí en México y aparentemente obstaculizan la correcta percepción de los derechos de las mujeres. Cuando varios políticos afirman que están apoyando los derechos de las mujeres, a veces lo hacen también de manera patriarcal, como elogiando a sus esposas, sus hijas, en el ámbito familiar. Generosidad condescendiente.

“Me parece que es una sociedad en transformación, esta transformación es obstaculizada -es mi perspectiva personal- tanto como otras transformaciones y modernizaciones de la sociedad, debido al contexto de la violencia y de otros flagelos de corrupción, impunidad, que dominan y preocupan a la sociedad.

“Estamos testimoniando unos esfuerzos. El de Veracruz fue emblemático, porque desvió la atención (con la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción). Las fuerzas políticas conservadoras no logran establecer o mantener un Estado de derecho pero sí se manifiestan con este cambio constitucional para mostrar que están defendiendo algo, aunque lo que están defendiendo significó, de hecho, un retroceso, como muestra este informe. Fue algo que obstaculizó aún más el acceso de las mujeres en Veracruz a sus derechos”.

- AGM: Aún no se sabe si las recomendaciones para modificar la legislación serán aceptadas pero ¿qué percepción tiene la Oficina del Alto Comisionado?

- JJ: La Oficina quiere aportar a este primer paso para que sea implementado en la legislación y en la política pública del estado de Veracruz. Vamos a apoyar esta normativa progresiva con discusiones con los actores, interlocutores federales y estatales. Estamos planeando una misión a Veracruz por varios temas, empezando por la situación de desapariciones, pero el tema de los derechos sexuales y reproductivos está en nuestra agenda.